POR CASO AYOTZINAPA
La Procuraduría General de Justicia del Estado, destituyó a siete servidores públicos por su probable responsabilidad en los acontecimientos del pasado 12 de diciembre, en los que perdieron la vida dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, informó el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Juan Manuel Herrera Campos.
Señaló que los destituidos seguirán sujetos a procedimientos administrativos, y en algunos casos a investigación penal.
Los empleados destituidos son:
- José Vélez Zapata, ex director de Averiguaciones Previas y actual fiscal regional de Costa Chica.
- Esteban Maldonado, fiscal especializado para la Investigación de Delitos Graves
- Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal especializado para el Combate al Delito de Secuestro
- David Jesús Urquizo Molina, coordinador de zona de la Policía Ministerial
- Salvador Téllez Márquez, coordinador de grupo
- Israel Espinoza Aguilar Policía ministerial
- Miguel Salazar Gaona, Policía ministerial
El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado ratificó que a quienes tengan responsabilidad administrativa o penal se les aplicará la ley, y que es firme el compromiso de que no haya impunidad.
PASÓ TODO POR CAPRICHOS DE LOS ZÁNGANOS DIZQUE ESTUDIANTES ANORMALES DE AYOTZINAPA, TAMBIÉN MERECEN SER EXPULSADOS DE ESA NIDO DE RATAS, PARA QUE LA CUESTIÓN SEA PAREJA.
¿qué es lo que en realidad les incomoda a los nefastos líderes de Ayotzinapa y a quienes están atrás de ellos que son quienes en verdad son los dirigentes; claro, tratándose del nombramiento del Ing. Eugenio Hernández García como director de aquella institución?
No hay de otra; se trata de dinero y de otras prerrogativas; pues regresando a la colaboración del Prof. Rodolfo Sámano García, cabe recordar que también nos ha dicho que: “Hay que entender que quienes estudian, quienes tienen la oportunidad de vivir en Ayotzinapa tienen condiciones equiparables a un paraíso, acostumbrados a mandar, a que de un gesto o una seña de inmediato los debe atender directamente el gobernador, para ellos no hay jerarquías de funcionarios, de solicitar una audiencia, ¡No! Ellos a la voz de ya quieren que se les atienda, que les complazcan, que les satisfagan sus mínimos y ridículos caprichos.”
Todavía más, el vecino de páginas consultado nos deja algo para la reflexión: Es lo siguiente: ¿Qué pasaría si les hacen caso a los de Ayotzinapa y hubiese un cambio de gobierno? Y él mismo contesta: “¿se instituiría una estructura de mando y se cambiaría el Palacio de Gobierno a Ayotzinapa?”
He ahí parte de la dimensión del problema real con el verdadero criadero de delincuentes que existe al interior de la Escuela Anormal ya citada y cuestionada. ¿Hasta cuándo lo habrán de permitir nuestras autoridades?