Julio Ayala

A poco más de 2 meses de que murieron dos estudiantes normalistas durante el desalojo en la Autopista del Sol, perpetrado por policías federales y estatales, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), consideró que esos hechos “constituyen un crimen de Estado”.

Y es que señala que “el cinismo, la impunidad y la complicidad gubernamental es política de Estado, contra todo sector o grupo social que se movilice” exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

A través de un comunicado, dirigido entre otros a los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, así como a las organizaciones políticas, populares y revolucionarias, demandó también la presentación con vida “de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy”, porque “vivos se los llevaron (y) vivos los queremos”.

Pero además, exigieron la libertad d todos los presos políticos y de conciencia del país, así como “juicio y castigo a los criminales de Estado”, entre ellos al presidente Felipe Calderón quien ha arrastrado al país a la violencia en su guerra contra el narcotráfico, la cual, de acuerdo al grupo armado, es falsa, además de que ha resultado una carnicería por el sangriento recuento de las víctimas asesinadas y mutiladas”, así como una “una cacería por el número de desaparecidos o encarcelados”.

Y añade: “queda claro para el pueblo que el objetivo de este gobierno panista es acabar con toda expresión de inconformidad, protesta y lucha por la justicia social que se vive en todo el territorio nacional. Ante su ilegitimidad con la que llegó Calderón, para imponerse y gobernar sólo fue posible con el puntal del aparato represivo y el apoyo del grupo oligárquico más reaccionario y entreguista del país”.

Agrega que la política de Estado cotidiana y permanente del gobierno federal es “para hostigar e intimidar con medidas policiaco-militares a familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales, para que abandonen su demanda y aislarlos de quienes solidaria y humanamente los apoyan”.

Por ello, señala que “urge tomar medidas concretas para detener esta impune guerra contra el pueblo mexicano, ¡que no se confundan ni quieran confundirnos! diciendo que estar contra esta guerra es estar contra el pueblo de México”.

Y puntualiza: “Que no nos digan que reconocen casos graves de violación a los derechos humanos cuando este gobierno y sus instituciones son los únicos responsables, porque en los hechos, específicamente las fuerzas armadas, son las únicas que propician la violencia desde el Estado y violan los derechos constitucionales y humanos”.